Un concepto de la Universidad EIA sobre el decreto de emergencia económica.
Medellín, 27 enero de 2026.
El Centro de Pensamiento de la Universidad EIA, en conjunto con la Tech Business School, presentó ante la Corte Constitucional un concepto académico en respuesta a la invitación contenida en el Auto del 14 de enero de 2026 (Expediente RE-387), relacionada con el análisis del Decreto Legislativo 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio colombiano.
El documento tiene un enfoque exclusivamente económico, sustentado en información oficial, literatura técnica especializada y análisis comparado, y se circunscribe a evaluar los presupuestos fáctico, valorativo y de suficiencia que fundamentan la declaratoria del estado de excepción. En coherencia con su naturaleza académica, el análisis no formula juicios jurídicos ni políticos, sino que busca aportar evidencia rigurosa al debate institucional.
Un diagnóstico fiscal de carácter estructural
El principal hallazgo del estudio indica que la mayoría de las causas invocadas para justificar la emergencia económica no corresponden a eventos sobrevinientes o extraordinarios, sino a presiones fiscales de naturaleza estructural y previsible, cuya intensificación se ha venido configurando de manera gradual desde al menos 2022.
Entre los factores analizados se encuentran:
- La insuficiencia estructural del financiamiento del sistema de salud y el ajuste tardío de la UPC.
- El deterioro progresivo de la seguridad y el aumento inercial del gasto en defensa.
- La acumulación de sentencias judiciales ejecutoriadas pendientes de pago.
- Atrasos recurrentes en subsidios de energía, gas y obligaciones contractuales.
- Restricciones crecientes de liquidez y endeudamiento, asociadas a la suspensión de la Regla Fiscal y al aumento sostenido de la deuda pública.
- El análisis reconoce la existencia de hechos genuinamente extraordinarios, como el terremoto ocurrido en Paratebueno en 2025; sin embargo, concluye que estos representan una proporción limitada del total de recursos asociados a la declaratoria de emergencia y no explican, por sí mismos, la magnitud del desequilibrio fiscal señalado.
Emergencia económica e inminencia del riesgo
Desde la perspectiva económica, el Centro de Pensamiento y la TBS señalan que los riesgos descritos en el decreto no presentan un carácter de inminencia, entendido como la probabilidad de materialización inmediata de un colapso económico o fiscal. Por el contrario, la evidencia disponible sugiere la presencia de vulnerabilidades persistentes, acompañadas de amortiguadores macroeconómicos relevantes, como las reservas internacionales y el acceso aún disponible a mecanismos de financiamiento.
En este sentido, el documento concluye que los desequilibrios fiscales actuales, si bien relevantes, no configuran un escenario de crisis súbita, sino una trayectoria de deterioro gradual que exige respuestas consistentes y sostenibles en el tiempo.
Planeación fiscal y uso de mecanismos ordinarios
Uno de los aportes centrales del concepto académico es la evaluación del criterio de suficiencia, que exige demostrar que los mecanismos ordinarios del Estado han sido utilizados y resultan inadecuados para enfrentar la situación.
El análisis económico sugiere que existen instrumentos ordinarios disponibles y potencialmente idóneos, tales como la priorización del gasto, traslados presupuestales, ajustes en la inversión pública y una gestión más eficiente de vigencias futuras, que habrían permitido atender una parte sustancial de las presiones fiscales sin recurrir a un estado de excepción.
Desde esta óptica, el uso de mecanismos extraordinarios podría generar riesgos adicionales asociados a la credibilidad fiscal, la previsibilidad institucional y el costo del financiamiento soberano.
Aporte académico al debate público
“El propósito de este ejercicio es contribuir al fortalecimiento del debate público desde una mirada técnica e independiente”, señalan la TBS y el Centro de Pensamiento de la Universidad EIA. “La sostenibilidad fiscal y la estabilidad institucional requieren diagnósticos oportunos, planeación rigurosa y decisiones basadas en evidencia”.
La Universidad EIA reafirma así su compromiso con la producción de conocimiento aplicado de alto nivel, orientado a apoyar la toma de decisiones públicas y a promover una discusión informada sobre los principales desafíos económicos del país.
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Asesor: Juan Felipe Arrieta Osorio
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